Supongo que todos habréis leído ya acerca del artículo 17bis de la nueva LISI (Ley de Impulso a la Sociedad de la Información). Según ese artículo, introducido en el anteproyecto de Ley a última hora, entidades de gestión de derechos como la SGAE o CEDRO podrían conseguir la retirada de contenidos presuntamente ilícitos, simplemente solicitándolo a las operadoras de telecomunicaciones, sin pasar por el juez.
Después de que la Asociación de Internautas hiciese público este hecho, la reacción ha sido contundente.
Y por extraño que parezca, ha tenido éxito. Teniendo en cuenta el carácter de la clase política de este país, dudo que las quejas de los internautas hayan sido más determinantes que las presiones de unas operadoras, que lo último que desean es tener que dedicar recursos para complacer los deseos de las sociedades de gestión de derechos, y ponerse en una situación comprometida ante sus propios clientes. Otra opción es que ese artículo ni siquiera existiese. Un globo sonda para ver si aún estamos ahí. El hecho de que ésta posibilidad sea real, de que la opacidad de la administración pública sea tal que ni siquiera sepamos acerca de qué se está debatiendo, puede que sea lo más descorazonador.
En cualquier caso, es una victoria pequeña, teniendo en cuenta el resto del articulado de la Ley, un ejemplo mucho mejor que el café a 80 céntimos para ilustrar la distancia que separa la clase política de la sociedad, no sólo en España. Aún no podemos bajar la guardia.